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PRESUPUESTOS EN TIEMPOS DE COVID 19

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PRESUPUESTOS EN TIEMPOS DE COVID 19

El Gobierno ultima la subida de impuestos a grandes patrimonios y rentas en los PGE.

Fuentes del Gobierno explican que el acuerdo fiscal para alcanzar una propuesta conjunta de cara a las nuevas cuentas públicas está “muy avanzado” en el marco de la negociación.

Estas mismas fuentes explican que en dicho acuerdo fiscal se plasmará una mayor carga sobre grandes patrimonios y rentas, por lo que los Presupuestos de 2021 podrían incluir las propuestas sobre estos tributos plasmadas en el acuerdo programático.

Dicho acuerdo contempla un incremento al 1% del tipo del impuesto de patrimonio a las fortunas de más de 10 millones de euros, así como el establecimiento de un tipo mínimo del 15% en sociedades para las grandes empresas y del 18% para la banca y las petroleras.

En cuanto a las grandes rentas, el acuerdo programático de Gobierno proyecta a una subida de dos puntos del IRPF para rentas superiores a 130.000 euros anuales y de cuatro puntos para las de más de 300.000 euros, si bien previsiblemente estos términos de incremento impositivo podrían variar. Subidas en el tipo del ahorro de IRPF, que podrían llevar la imposición efectiva del 19%-23% a tasas desorbitadas del 35%.

Tal y como puede apreciarse los cambios van a ser muy significativos, y a nuestro juicio sostenidos en el tiempo, debido a la enorme carga de gasto público que va a suponer los efectos de la pandemia.

A estos cambios fiscales, o más bien hachazos fiscales, se va a sumar subidas generalizadas en los impuestos locales y autonómicos. Por todo ello, nuestra recomendación es planificar y reestructurar el patrimonio hasta final de año, para que las subidas fiscales impacten de la menor manera posible en el ahorro familiar y empresarial, como por ejemplo remansando rentas en sociedades holdings, haciendo cambios en las inversiones financieras o anticipando donaciones a familiares.

Desde OBN nos ofrecemos a ayudarles en la planificación. Por ello, les recomendamos enviar un correo a Samuel Lorente Navarro, nuestro socio responsable del Departamento Fiscal, que junto con su equipo le ofrecerán la mejor solución posible.

Samuel Lorente: s.navarro@obn.es 

Teléfono: 620 27 35 52

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APROBADA LA LEY DEL TELETRABAJO

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Aprobada la Ley del teletrabajo: La nueva regulación del trabajo a distancia

Tras meses de negociaciones, el Ministerio de Trabajo y Economía Social logró ayer aprobar el nuevo Real Decreto Ley 28/2020, de 22 de septiembre de trabajo a distancia (Teletrabajo) tras llegar a un acuerdo con empresarios y sindicatos, tal y como ha explicado la ministra de Trabajo Yolanda Díaz en rueda de prensa. “Ha sido la negociación más difícil y compleja. Va a cambiar el modus operandi del desarrollo de nuestros trabajos y nos coloca en la vanguardia de las legislaciones europeas”, ha explicado la ministra.

El actual artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores estaba obsoleto y no recogía el trabajo a distancia, en alza debido al Covid-19 con más de 3 millones de teletrabajadores. Con el nuevo Real Decreto Ley se pone fin a esta irregularidad y se recogen múltiples aspectos, desde los límites del trabajo a distancia, la flexibilidad de horarios, quién debe sufragar los costes y qué trabajadores podrán acogerse al teletrabajo.

El texto, fruto del acuerdo del Diálogo Social, garantiza a las personas que trabajan a distancia los mismos derechos que las que ejercen sus actividades en locales de la empresa.

El RD se fundamenta en la voluntariedad de este modelo de organización laboral, situando a España en la vanguardia del marco europeo en la regulación del trabajo a distancia.

El articulado contempla que la persona trabajadora no asumirá ningún gasto relacionado con los equipos, herramientas, medios y consumibles, vinculados al desarrollo de su actividad.

Se refuerza el papel de la negociación colectiva, a través de convenios y acuerdos que determinarán condiciones y aspectos relevantes como el derecho a la desconexión, la flexibilidad horaria y la reversibilidad del teletrabajo.

SITUACIONES

Uno de los puntos clave de la nueva ley es la propia definición de teletrabajo. Es decir, qué situaciones laborales se considerarán teletrabajo y por tanto estarán definidas bajo esta ley. Aquellos trabajadores que esporádicamente trabajen desde casa no estarán sujetos a estas normas.

El trabajo a distancia será aquel que se preste durante un mínimo del 30% de la jornada, en un periodo de referencia de 3 meses. Es decir, en un contrato base de 40 horas y 5 días a la semana, se considerará teletrabajo cuando se realice al menos durante un día y medio a la semana. La ley también contempla que habrá un “porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo”.

VOLUNTARIEDAD

El teletrabajo será voluntario y deberá formalizarse un acuerdo escrito entre la empresa y el trabajador para reflejarlo. De manera equivalente, también será posible para cada una de las partes rescindir del teletrabajo y volver a la situación anterior. Como consecuencia, el trabajador no puede ser obligado a teletrabajar pero tampoco puede reclamar hacerlo.

Derivado de este acuerdo, el hecho de negarse a trabajar a distancia no será “causas justificativas” de despido ni de la modificación de las condiciones. La Ley establece que todas las personas que hagan trabajo a distancia tendrán “los mismos derechos como si estuvieran en el lugar de trabajo presencial y no podrán sufrir ningún perjuicio, incluida la retribución salarial, estabilidad, horarios, promoción o formación profesional”.

“Las empresas deberán evitar cualquier discriminación por razón de género: garantizar conciliación, corresponsabilidad, medidas contra el acoso y la protección a víctimas de violencia de género”, ha explicado la ministra de Trabajo.

ACUERDO POR ESCRITO

Todos los detalles del teletrabajo deberán quedar reflejados por escrito. En concreto, la Ley establece un mínimo de puntos que deberán aparecer, pudiendo ser ampliados en función del convenio colectivo.

Estos son los puntos que la empresa deberá acordar con el trabajador:

  • Inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el trabajo a distancia concertado, incluidos los consumibles y los elementos muebles, así como la vida útil o periodo máximo para renovarlos.
  • Gastos que pudiera tener el trabajador en remoto y la modalidad (forma y momento) para compensarlos por parte de la empresa.
  • Los horarios de trabajo y las reglas de disponibilidad.
  • El porcentaje y la distribución entre trabajo presencial y a distancia.
  • El lugar elegido por el empleado para teletrabajar.
  • Los medios de control empresarial de la actividad.
  • La duración del acuerdo y los plazos de preaviso para volver a la situación de presencialidad.
  • Instrucciones en materia de protección de datos y de seguridad de la información.

GASTOS DERIVADOS DEL TELETRABAJO

La empresa será la encargada de la dotación y mantenimiento “de todos los medios, equipos y herramientas” que necesita el trabajador para ejercer su actividad a distancia, según se defina en el acuerdo firmado.

La Ley establece que la empresa deberá sufragar o compensar el desarrollo del trabajo a distancia y “no podrá suponer la asunción por parte de la persona trabajadora de gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral, según se fijen en el inventario del acuerdo escrito”. Será en el convenio colectivo donde se fijen los mecanismos para determinar, asumir y compensar estos gastos.

ENTRADA EN VIGOR

La nueva Ley del Teletrabajo entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE. El Consejo de Ministros ha aprobado estas medidas por decreto-ley y hoy, 23 de septiembre de 2020, ha sido publicado en el boletín oficial.

Su aplicación a la práctica no será tan pronto. La ley establece también distintos plazos para que las empresas puedan alcanzar los acuerdos colectivos y definir los distintos parámetros. Se establece un plazo máximo de 3 meses para formalizar el acuerdo de teletrabajo entre empresa y teletrabajador. Sin embargo, las empresas que ya tenían un convenio sobre el trabajo a distancia tendrán más tiempo.

CASOS EN LOS QUE YA SE REALIZABA TELETRABAJO

Si empresa y trabajadores tenían un convenio colectivo, los plazos son mayores. Si este acuerdo tenía una fecha de término, será vigente hasta que finalice. Si no hay establecida una fecha final, las empresas tendrán un máximo de un año para adaptarse a la ley o de hasta 3 años en caso de que exista un acuerdo con los trabajadores.

En muchos casos habrá acuerdo colectivo previo, pero quizás no se incluyan todos los detalles exigidos por la ley, como por ejemplo el reparto de gastos. En este caso, será necesario acordarlo.

La Ley establece una excepción para el teletrabajo derivado de la pandemia. “En aplicación del artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o como consecuencia de las medidas de contención sanitaria derivadas de la COVID-19, y mientras estas se mantengan, le seguirá resultando de aplicación la normativa laboral ordinaria”. Las empresas en esta situación provisional sí deberán proporcionar los medios, equipos y herramientas, aunque no deberán compensar los gastos. “Lo que hemos vivido en esta pandemia no es teletrabajo”, avisa la ministra.

En los contratos de trabajo con menores, de prácticas o por formación y aprendizaje, solo se podrá trabajar si se garantiza que el 50% del horario laboral es presencial. Es decir, el teletrabajo estará limitado en los puestos de trabajo formativos.

FLEXIBILIDAD HORARIA

La nueva Ley establece que la persona que desarrolla trabajo a distancia podrá “flexibilizar el horario de prestación de servicios establecido, respetando los tiempos de disponibilidad obligatoria y la normativa sobre tiempo de trabajo y descanso”.

Es decir, el horario del teletrabajador será acordado por convenio y deberán respetarse las limitaciones actuales sobre tiempo de trabajo y descanso. Es decir, las franjas de comida o distancia entre una jornada y la siguiente. En el convenio se podrá pactar cuándo el empleado tiene que garantizar la disponibilidad.
Para el teletrabajo se deberá llevar a cabo un registro horario, que deberá incluir el momento de inicio y finalización de la jornada y de los tramos de actividad.

CONTROL DEL TRABAJO

El texto explica que la empresa podrá “adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por la persona trabajadora de sus obligaciones y deberes laborales, incluida la utilización de medios telemáticos”.

Por otro lado, estos medios telemáticos deberán garantizar el derecho a la intimidad y la protección de datos. La empresa no podrá exigir la instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona trabajadora.

Prevención de riesgos laborales y derecho a la desconexión

La empresa deberá tener en cuenta los riesgos laborales que comporta el teletrabajo, como por ejemplo los psicosociales, ergonómicos y organizativos. Para ello deberán garantizarse los distintos descansos a lo largo de la jornada, tener en cuenta la distribución y poner medidas de protección.

En caso de necesitar realizar una inspección para analizar los riesgos laborales, deberá proporcionarse un informe por escrito para justificarlo, que deberá ser aceptado por el trabajador. La evaluación se realizará únicamente en la zona donde se realice el trabajo a distancia, que no tiene por qué ser todo el domicilio.

Las personas que trabajen a distancia tendrán derecho a la llamada ‘desconexión digital’. Las empresas deberán garantizar la limitación en el uso de los medios tecnológicos durante los periodos de descanso, así como el respeto a la duración máxima de la jornada. Se trata de un derecho previamente contemplado en la normativa y donde se insta a elaborar una política interna que defina “las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática”.

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Preguntas frecuentes relacionadas con el plazo de declaración del Impuesto sobre Sociedades

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Preguntas frecuentes relacionadas con el plazo de declaración del Impuesto sobre Sociedades

¿Cuáles son los plazos de formulación y aprobación de las cuentas anuales regulados en el RDLey 8/2020, modificados por el RDLey 19/2020?

El plazo de tres meses para formular las cuentas anuales y demás documentos legalmente obligatorios que quedó suspendido hasta que finalizara el estado de alarma, comenzará a contarse desde el 1 de junio de 2020.

Además, se reduce de tres a dos meses el plazo que se había establecido en el RDLey 8/2020 para que se reúna la junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior, a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales, de modo que las entidades no cotizadas deberán tener las cuentas aprobadas antes del 1 de noviembre de 2020.

¿Cuál es el plazo de presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades 2019?

La declaración del Impuesto sobre Sociedades se presentará en el plazo de los 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión del período impositivo.

Con carácter general, cuando se trate de contribuyentes cuyo ejercicio económico coincida con el año natural, el plazo de presentación de la declaración queda fijado en los veinticinco primeros días naturales del mes de julio. Este año el 25 de julio de 2020 es sábado, por lo que el último día para presentar la declaración del Impuesto sobre Sociedades será el 27 de julio, que es el primer día hábil siguiente.

Si finalizado el plazo de presentación, las cuentas anuales no se han aprobado como consecuencia de lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del RDLey 8/2020 ¿con qué datos se debe realizar la declaración?

Sii a la finalización del plazo indicado en el artículo 124.1 de la LIS, las cuentas anuales no hubieran sido aprobadas por el órgano correspondiente, como consecuencia de lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del RDLey 8/2020, la declaración del Impuesto sobre Sociedades se realizará con las cuentas anuales disponibles.

A estos efectos, se entenderá por cuentas anuales disponibles:

    • Para las sociedades anónimas cotizadas, las cuentas anuales auditadas a que se refiere la letra a) del aparado 1 del artículo 41 del RDLey 8/2020.
    • Para el resto de contribuyentes, las cuentas anuales auditadas o, en su defecto, las cuentas anuales formuladas por el órgano correspondiente, o a falta de estas últimas, la contabilidad disponible llevada de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio o con lo establecido en las normas por las que se rijan.

En el caso de estar obligados a la presentación de la nueva declaración, ¿cuál es el plazo de presentación establecido para la nueva declaración?

La nueva declaración regulada en el RDLey 19/2020 podrá efectuarse hasta el día 30 de noviembre de 2020.

¿Cuáles son las consecuencias de la presentación de la nueva declaración regulada en el RDLey 19/2020?

La nueva autoliquidación tendrá la consideración de complementaria, si de ella resultase una cantidad a ingresar superior o una cantidad a devolver inferior a la derivada de la autoliquidación anterior presentada sin aprobar cuentas anuales.

La cantidad a ingresar resultante devengará intereses de demora desde el día siguiente a la finalización del plazo previsto en el artículo 124.1 de la LIS, sin que le resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 27 de la LGT.

En el resto de casos, la nueva autoliquidación producirá efectos desde su presentación, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 120.3 de la LGT, y en los artículos 126 y siguientes del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, ni se limiten las facultades de la Administración para verificar o comprobar la primera y la nueva autoliquidación.

A los efectos de lo dispuesto en este apartado, no resultará de aplicación respecto de la nueva autoliquidación las limitaciones a la rectificación de las opciones a que se refiere el artículo 119.3 de la LGT.  

¿Puede presentarse la nueva declaración regulada en el artículo 12 del RDLey 19/2020 fuera del plazo establecido?

No, esta declaración se debe presentar en el plazo regulado en el RDLey 19/2020. Si se presenta una declaración del Impuesto sobre Sociedades como consecuencia de que la autoliquidación difiera por la aprobación de las cuentas anuales más allá del plazo de presentación del artículo 124.1 de la LIS, y fuera del plazo previsto para esta nueva declaración, esta declaración tendrá la consideración de extemporánea con las consecuencias ya previstas en la Ley General Tributaria. Asimismo, indicar que no podrá marcar la clave “Nueva declaración según RDLey 19/2020”.

Las autoliquidaciones presentadas de acuerdo con el artículo 12 del RDLey 19/2020 ¿pueden ser objeto de comprobación por la Administración tributaria fuera del plazo establecido?

Sí, las autoliquidaciones presentadas de acuerdo con el RDLey 19/2020, podrán ser objeto de verificación y comprobación por la Administración, que practicará, en su caso, la liquidación que proceda. En particular, no se derivará ningún efecto preclusivo de las autoliquidaciones a las que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 12 del RDLey 19/2020.

En el caso de que se presente la nueva declaración de acuerdo con el artículo 12.2.b) del RDLey 19/2020, con resultado a devolver ¿se tiene derecho a la percepción de intereses de demora sobre la cantidad ingresada previamente en la primera?

Cuando resulte una cantidad a devolver como consecuencia de un ingreso efectivo en la autoliquidación anterior en plazo, se devengarán intereses de demora sobre dicha cantidad desde el día siguiente a la finalización del plazo voluntario de declaración a que se refiere el artículo 124.1 de la LIS hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.

En el caso de devolución de cantidades derivadas de la aplicación del tributo como consecuencia de la aprobación de las cuentas anuales, sin que se haya realizado ningún ingreso efectivo en la primera declaración, se aplicará el artículo 127 de la LIS. A estos efectos el plazo de los 6 meses se contará a partir del día 30 de noviembre de 2020.

¿Estará disponible, con todas sus funcionalidades, los formularios web para el caso que sea necesaria la presentación de la nueva declaración prevista en el artículo 12.2 del RDLey 19/2020?

Sí. La nueva declaración, tanto si tiene la condición de complementaria (por mayor ingreso o menor devolución respecto de la primera), como en el resto de los casos, deberá presentarse utilizando los modelos aprobados para la declaración del Impuesto (modelo 200 y 220).

¿Es aplicable al régimen de consolidación fiscal el artículo 12 del RDLey 19/2020?

Sí. En el régimen de consolidación fiscal, es el grupo el que ostenta la consideración de contribuyente y todos los apartados del artículo 12 del RDLey 19/2020 son plenamente aplicables en relación con el régimen especial de consolidación fiscal.

En el caso de que concurra la circunstancia prevista en el apartado 2 del artículo 12 del RDLey 19/2020 en relación con las cuentas individuales de alguna entidad integrante de un grupo de consolidación fiscal, ¿debe presentarse un nuevo modelo 200 individual por parte de la entidad afectada?

Corresponde a la entidad representante del grupo fiscal el cumplimiento de las obligaciones tributarias materiales y formales que se deriven del régimen de consolidación fiscal incluida la presentación del modelo 220 derivado de del RDLey 19/2020, respetando en todo caso el plazo límite del 30 de noviembre de 2020.

Las entidades que integren el grupo fiscal estarán igualmente sujetas a las obligaciones tributarias que se derivan del régimen de tributación individual, excepción hecha del pago de la deuda tributaria, es decir deberán presentar los modelos 200 que se deriven del RDLey 19/2020, respetando, igualmente, el plazo límite del 30 de noviembre de 2020.

En el caso de la declaración modelo 220 de grupos fiscales, ¿cuándo se debe presentar la segunda declaración modelo 220?

A la presentación del modelo 220 le son de aplicación todas las reglas anteriores. Además, en caso de que sea necesario presentar una segunda declaración modelo 220 por la existencia de entidades del grupo cuyo plazo para la formulación y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio se ajuste a lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del RDLey 8/2020, esta nueva declaración modelo 220 se recomienda presentarla una vez que se hayan aprobado todas las cuentas individuales de las entidades del grupo y siempre antes del 30 de noviembre de 2020.

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Permiso retribuido:¿cómo se deben devolver las horas no trabajadas?

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Permiso retribuido: ¿Cómo se deben devolver las horas no trabajadas?

Según establece el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, con la finalización del estado de alarma el pasado 21 de junio, las empresas ya pueden recuperar las horas de aquellos trabajadores que estuvieron en situación de permiso retribuido del 30 de marzo al 9 de abril de 2020, y tienen hasta el 31 de diciembre para dicha recuperación.

Esta recuperación deberá negociarse en un periodo de consultas abierto al efecto entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras, que tendrá una duración máxima de siete días.

En caso de que no exista comité de empresa, será necesario crear una comisión formada por los miembros de los sindicatos más representativos o, en su defecto, por tres empleados en un plazo máximo de cinco días.

De no alcanzarse acuerdo durante este periodo de consultas, la empresa notificará a las personas trabajadoras y a la comisión representativa, en el plazo de siete días desde la finalización de aquel, la decisión sobre la recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante la aplicación del presente permiso.

El acuerdo de recuperación de horas no deja de ser una distribución irregular de la jornada impuesta legalmente, por ello, se deberá cumplir con lo siguiente:

  • En ningún caso se podrán infringir ni incumplir los períodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley y en el Convenio Colectivo de aplicación,
  • No se podrá superar la jornada máxima anual prevista en el Convenio Colectivo de aplicación.
  • Informar al trabajador una antelación mínima de cinco días sobre cómo y cuándo va a prestar sus servicios
  • se deberá velar por el cumplimiento de los derechos de conciliación de la vida laboral y personal, lo que obliga a mantener el equilibrio necesario entre dichos intereses y las necesidades organizativas de la empresa.
  • No será admisible imponer la compensación de horas no trabajadas con días de vacaciones.

La no consecución de acuerdo o la aplicación de cualquier medida que pueda ser considerada irregular o contraria a derecho podrá ser denunciada ante la inspección de trabajo y/o impugnada ante la jurisdicción social (en cuyo caso estos procedimientos tendrán carácter urgente y preferente, como dispone el Real Decreto-ley 16/2020), salvo que se considere preferible acudir a los procedimientos de mediación y arbitraje regulados en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores.

En el supuesto de impugnación judicial, habría que analizar si cabe la interposición de una reclamación colectiva o solo individual e incluso si procede en el caso de que se hubiera alcanzado un acuerdo para la recuperación.

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PRÓRROGA ERTEs

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Aprobada la prórroga de los ERTE y de las ayudas a autónomos hasta el 30 de setiembre

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a nuevas medidas para empresas, trabajadores por cuenta ajena y autónomos hasta el próximo 30 de septiembre tras el acuerdo firmado entre el Gobierno y los agentes sociales y el consenso alcanzando con las asociaciones de autónomos. Se trata del II Acuerdo Social en Defensa del Empleo firmado entre el Gobierno y los agentes sociales en los últimos meses. Tanto los ERTE como las medidas de autónomos han tenido gran impacto durante los meses de pandemia, protegiendo a casi 5 millones de trabajadores.

El nuevo decreto entra en vigor el día de su publicación en el BOE, a 27 de junio de 2.020 y tiene algunas novedades destacables que son las siguientes:

1. Prórroga de los ERTES de fuerza mayor hasta 30 de septiembre de 2.020. Las empresas deberán reincorporar a los trabajadores en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada.

2. Implementación de situaciones nuevas:

  1. a) Posibilidad de promover nuevo ERTE por fuerza mayor conforme procedimiento ordinario ET, una vez reanudada la actividad, en el supuesto de estar nuevamente afectada la empresa por las medidas forzosas y necesarias para tratar nuevos brotes de contagio. En estos casos en empresas de menos de 50 trabajadores la exoneración de cotización a la seguridad social seria del 80% hasta 30 de septiembre. Para el caso de empresas afectadas con plantilla de más de 50 trabajadores la exoneración será del 60%.

Para acceder a este nuevo ERTE se requerirá autorización de la Autoridad Laboral que en Catalunya es el Departament de Treball de la Generalitat, tramitando la empresa las prestaciones de desempleo del Sepe. Se considerará finalizado cuando se reincorporen los trabajadores una vez reiniciada la actividad.

b) Los ERTES denominados actualmente totales – pasa a denominarse ERTE DE TRANSICION- (se impida el reinicio de actividad o se tengan problemas para reiniciar la actividad), y tiene a la mayoría de su plantilla afecta a un ERTE, a partir del 1 de julio tendrán las siguientes exoneraciones de cotización a la seguridad social:

1 a 31 de julio……………………. 70%… hasta 49 trabajadores…… pérdida del 30%

                                                         50%… 50 o más trabajadores…… pérdida del 25%

1 a 31 de agosto………………… 60%…. hasta 49 trabajadores…… pérdida del 40%

                                                        40%… 50 o más trabajadores….. pérdida del 35%

1 a 30 de septiembre…………. 35%… hasta 49 trabajadores….. pérdida del 65%

                                                      25%….50 o más trabajadores….. pérdida del 50%

 c) Los expedientes actualmente denominados parciales, que combinan el inicio de la actividad con el mantenimiento de la vigencia del ERTE con parte de la plantilla afectada, tendrán a partir del 1 de julio las siguientes exoneraciones de cotización a la seguridad social: Estas exoneraciones se aplican también a los ETOP que se presenten a partir de la entrada en vigor de este RD:

PARA TRABAJADORES AFECTADOS POR ERTE INACTIVOS.

1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE……….35% EMPRESAS DE HASTA 49 TRABAJADORES

                                                                       25% EMPRESAS DE 50 O MAS TRABAJADORES

PARA TRABAJADORES DESAFECTADOS DE ERTE Y EN ALTA

1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE ………60% EMPRESAS DE HASTA 49 TRABAJADORES

                                                                       40% EMPRESAS DE 50 O MAS TRABAJADORES

Los trabajadores afectados, ya sean por reducciones de jornada como por suspensiones de la actividad, seguirán percibiendo la misma prestación de desempleo, sin utilizar la que le correspondería. La cotización a la Seguridad Social seguirá siendo efectiva, parcialmente, a cargo de la empresa.

3. En cuanto a los ERTE basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ERTE ETOP) derivadas del COVID-19, que se inicien tras la entrada en vigor de la norma, les seguirá siendo de aplicación el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, con las especialidades recogidas en la nueva norma. Su trámite se podrá iniciar mientras esté vigente el ERTE por causa de fuerza mayor y, cuando se inicie tras la finalización del ERTE por causa de fuerza mayor, su fecha de efectos se retrotraerá a la fecha de finalización de este último.

4. Asimismo, se establecen una serie de prohibiciones durante la aplicación de ambos tipos de ERTE, que se concretan en que no se podrán realizar horas extraordinarias, establecer nuevas externalizaciones de la actividad o concertarse nuevas contrataciones, directas o indirectas (ETT). Se podrán exceptuar de estas prohibiciones los supuestos en los que por razones de formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas, las personas afectadas por el ERTE y que presten servicios en el centro de trabajo afectado por las nuevas contrataciones directas o indirectas o externalizaciones no puedan desarrollar las referidas funciones, previa información a la representación legal de los trabajadores. El incumplimiento de lo anterior podrá constituir una infracción sancionable por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

5. Respecto a las medidas de protección por desempleo del artículo 25 del Real Decreto-ley 8/2020, continuarán siendo aplicables hasta el 30 de septiembre y, por tanto, se reconocerá el derecho a la prestación por desempleo aunque se carezca del periodo de ocupación cotizada mínimo necesario, que no computará a los efectos de consumir los periodos máximos de percepción establecidos (contador a cero). En el caso de los trabajadores fijos discontinuos, estas medidas serán aplicables hasta el 31 de diciembre.

6. No podrán acogerse a los ERTE regulados en esta norma las empresas que tengan su domicilio fiscal en paraísos fiscales. Por otra parte, se prohíbe el reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que se apliquen los ERTE previstos en la norma, excepto si se abona previamente la exoneración aplicada a las cuotas de seguridad social y se renuncia a ella. Esta limitación al reparto de dividendos no será aplicable a empresas de menos de 50 trabajadores a 29 de febrero de 2020.

7. Este real decreto-ley mantiene la vigencia de la mal llamada prohibición de despedir hasta el 30 de septiembre, de modo que la fuerza mayor y las causas ETOP en las que se amparan los ERTE derivados del COVID-19 no se podrán entender como justificativas de despido o extinción de contratos, así como mantiene también la interrupción del cómputo en los contratos temporales que hayan sido objeto de suspensión.

8. Finalmente, se amplía el compromiso de mantenimiento del empleo previsto en la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020 a las empresas que apliquen un ERTE por causas ETOP y que se beneficien de las exenciones de cotización, aclarando que este compromiso de mantenimiento de empleo por plazo de seis meses, para aquellas empresas que se beneficien por primera vez de las exenciones en la cotización, comenzará a computar desde la entrada en vigor de esta norma.

9. PARTICULARIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE TEMPORADA, QUE TIENEN LA PLANTILLA DE FIJOS DISCONTINUOS EN DESEMPLEO.

La posibilidad de que los trabajadores fijos discontinuos que actualmente estén en ERTE de fuerza mayor o, que estén en situación legal de desempleo por no haber podido ser llamados hasta le fecha de entrada en vigor del RDL 24/2020, sean afectados por un ERTE, económico, técnico, organizativo o productivo (ETOP).

Los ERTES productivos se podrán tramitar al amparo de lo dispuesto en el artículo 23 del RD 8/2020. Es decir, los empresarios que consideren la posibilidad de integrar en un ERTE productivo a la plantilla de fijos discontinuos todavía no reintegrados por tener los locales/establecimientos cerrados, no tendrían que amparar su tramitación en el RD 1483/2012, con los plazos de gestión mucho más dilatados y con exoneración cero de seguridad social de los trabajadores afectados.

10. Extensión de las ayudas a autónomos

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado también la prórroga a las ayudas para trabajadores autónomos, que también han sido consensuada con las principales asociaciones ATA, UPTA y UATAE. En este sentido, el Gobierno ha establecido nuevas exoneraciones en las cotizaciones sociales para los más de 1,4 millones de autónomos beneficiarios de la prestación extraordinaria hasta el 30 de junio.

En primer lugar, los beneficiarios de la prestación extraordinaria no tendrán que pagar las cotizaciones sociales del mes de julio y tendrán una exoneración del 50% en agosto y del 25% en septiembre, lo que supondrá un ahorro mínimo de más de 500 euros por autónomo durante los próximos tres meses.

Para aquellos cuya actividad aún siga muy afectada por los efectos de la pandemia, podrán acceder a la prestación por cese de actividad ordinario si su facturación en el tercer trimestre es un 75% más baja que la del mismo periodo del año pasado, siempre y cuando sus rendimientos netos en el periodo no superen la cuantía equivalente a 1,75 veces el SMI del trimestre. Esta posibilidad, que será compatible con la actividad, supone un beneficio económico mínimo de 930 euros al mes por trabajador, ya que supone una prestación económica equivalente al 70% de la base reguladora más la exoneración de las cuotas por contingencias comunes.

Para acceder a esta prestación ordinaria compatible con la actividad, no es necesario esperar a que termine el trimestre. Los trabajadores autónomos que estimen que pueden ser beneficiarios de la prestación pueden solicitarla en cualquier momento. Posteriormente se realizará una verificación del cumplimiento de los requisitos. Los autónomos tienen la posibilidad de renunciar a la prestación durante esos tres meses si ven recuperada su actividad.

Además, por primera vez, se establecen ayudas específicas al colectivo de los autónomos de temporada. En su caso, podrán acceder a la prestación extraordinaria (del 70% de la base reguladora más la exoneración de las cotizaciones sociales) con efectos desde el 1 de junio hasta el 31 de octubre.

Podrán solicitar estas ayudas los autónomos cuyo único trabajo a lo largo de los últimos dos años se hubiera desarrollado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar durante los meses de marzo a octubre y hayan permanecido en alta en los citados regímenes como trabajadores autónomos durante al menos cinco meses al año durante ese periodo. Además, sus ingresos en 2020 no podrán superar las 1,75 veces el SMI (23.275 euros).

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Aplazamiento Declaración del Impuesto sobre Sociedades

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Aplazamiento Declaración del Impuesto sobre Sociedades

El Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo (modificado por el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo y por el RDL 19/2020 que estamos reseñando) estableció medidas de carácter mercantil, sobre las Cuentas Anuales (art. 40.3) que ha sido modificado por el RD Ley 19/2020.

La obligación de formular las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, en el plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social que incumbe al órgano de gobierno o administración de una persona jurídica y, cuando fuere legalmente exigible, el informe de gestión y demás documentos exigibles según la legislación de sociedades, queda suspendida hasta el 1 de junio de 2020, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha. No obstante lo anterior, será válida la formulación de las cuentas que realice el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica durante el estado de alarma pudiendo igualmente realizar su verificación contable dentro del plazo legalmente previsto o acogiéndose a la prórroga prevista en el apartado siguiente.

En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma o durante la vigencia del mismo, el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, tanto si la auditoría fuera obligatoria como voluntaria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.

El Real Decreto-ley 19/2020 establece que el plazo de tres meses para formular las cuentas anuales y demás documentos legalmente obligatorios se computará desde el 1 de junio de 2020 (y no desde la finalización del estado de alarma). Por otra parte, se reduce a dos meses el plazo para aprobar las cuentas anuales desde su formulación.

Por tanto, la presentación de la declaración del IS:

  • PRIMERA DECLARACIÓN: Se presentará en el plazo habitual de declaración (25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión del periodo impositivo) una autoliquidación.

Si a la finalización de este plazo las cuentas anuales no hubieran sido aprobadas, esta primera autoliquidación se realizará con las cuentas anuales disponibles, que se definen de la siguiente forma:

      • Para el resto de contribuyentes:
      • Las cuentas anuales auditadas.
      • En su defecto, las cuentas anuales formuladas por el órgano correspondiente.
      • Para las sociedades anónimas cotizadas, las cuentas anuales auditadas a que se refiere la letra a) del artículo 41.1. del mencionado Real Decreto-ley 8/2020.
  • SEGUNDA DECLARACIÓN: Si la autoliquidación del impuesto que corresponda conforme a las cuentas anuales finalmente aprobadas difiere de la presentada en el plazo anterior, se deberá presentar una nueva autoliquidación hasta el 30 de noviembre de 2020.

Esta “SEGUNDA DECLARACIÓN”:

      • La cantidad a ingresar resultante devengará intereses de demora, desde el día siguiente a la finalización del plazo previsto en el artículo 124. 1 de la LIS (25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión del período impositivo), sin que le resulte de aplicación los recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo (art. 27 LGT).
      • tendrá la consideración de complementaria si de ella resultase una cantidad a ingresar superior o una cantidad a devolver inferior a la derivada de la autoliquidación anterior efectuada.

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Aplazamiento obligaciones tributarias para pymes y autónomos

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Medidas en el aplazamiento de obligaciones tributarias para pymes y autónomos

El Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo en su artículo 14 aprobó la posibilidad de aplazar, previa solicitud, el ingreso del pago a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones:

    • Cuyo plazo de presentación e ingreso finalizase desde el 13 de marzo de 2020 hasta el 30 de mayo de 2020,
    • Siempre que fueran de cuantía inferior a 30.000€,
    • Solicitado por personas o entidades con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 en 2019,
    • La duración del aplazamiento es de una duración de 6 meses,
    • No devengaba intereses de demora durante los 3 primeros meses del aplazamiento,

El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, en su artículo 52 flexibilizó el aplazamiento de deudas derivadas de declaraciones aduaneras presentadas:

    • Desde el 2 de marzo de 2020 y hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive,
    • Siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha sean de cuantía inferior a 30.000 euros y,
    • El importe de la deuda a aplazar sea superior a 100 euros,
    • El aplazamiento lo podía solicitar el destinatario de la mercancía importada sea persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019,
    • La duración de 6 meses,
    • El RD Ley 19/2020 ampliar a 4 meses el período del aplazamiento sin intereses de demora.
    • Régimen transitorio de la ampliación a 4 meses del período del aplazamiento sin intereses:  se aplicarán, respectivamente, a las solicitudes de aplazamiento que se hubieran presentado a partir de la entrada en vigor de dichos Reales Decretos-leyes.

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INGRESO MÍNIMO VITAL

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Ingreso Mínimo Vital

¿Cómo, cuándo y dónde puedo solicitar el Ingreso Mínimo Vital?

El Boletín Oficial del Estado (BOE), ha publicado el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, que aprueba el ingreso mínimo vital, que irá de los 462 euros hasta los 1.015 euros al mes, dependiendo del tipo del hogar.

Además esta renta se podrá pedir desde el 15 de junio y se le dará de manera retroactiva -con efectos a 1 de junio- a todos los que la pidan antes del 15 de septiembre.

¿Qué es el ingreso mínimo vital?

El Ingreso Mínimo Vital es una renta básica es una prestación no contributiva que corre a cargo de la Seguridad Social que garantiza unos ingresos mínimos mensuales a hogares en situación de especial vulnerabilidad.

Esta renta garantiza unos ingresos mínimos a quienes carecen de ellos. Se define como un derecho subjetivo de la ciudadanía: se recibirá siempre que se cumplan los requisitos de acceso.

¿Quién puede solicitar el ingreso mínimo vital?

El Gobierno a establecido la “renta garantizada” para todas las personas que cumplan estos requisitos:

  • Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, ingresos o patrimonio suficientes que se establecen
  • Tener entre 23 y 65 años (o 18 años si hay menores a cargo).
  • Tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud
  • Haber vivido de forma independiente durante al menos tres años antes de la solicitud del ingreso mínimo vital.

Se entenderá que una persona ha vivido de forma independiente si ha permanecido en situación de alta en cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social durante al menos doce meses, continuados o no, y siempre que acredite que su domicilio ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores durante tres años inmediatamente anteriores a la solicitud.

  • En el caso de unidades de convivencia, haberse formado al menos un año antes de la solicitud, de forma continuada.
  • Haber solicitado previamente las prestaciones a las que se pudiera tener derecho.
  • Si no están trabajando y son mayores de edad o menores emancipados, figurar inscritas como demandantes de empleo, salvo en los supuestos que se determinen reglamentariamente.
  • Los requisitos relacionados en los apartados anteriores deberán cumplirse en el momento de presentación de la solicitud o al tiempo de solicitar su revisión, y mantenerse al dictarse la resolución y durante el tiempo de percepción del ingreso mínimo vital.

No podrán ser beneficiarias de la prestación del ingreso mínimo vital las personas usuarias de una prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o sociosanitario, con carácter permanente y financiada con fondos públicos, salvo en el supuesto de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, así como otras excepciones que se establezcan reglamentariamente.

¿Qué se considera vulnerabilidad económica?

Que la renta del hogar del solicitante no llegue al umbral de ingresos fijado para ese tipo de hogar. Además, se hará un test de patrimonio que excluirá a quienes superen los límites fijados para cada tipo de hogar, partiendo de los 16.614 euros para los hogares unipersonales, descontada la vivienda habitual.

¿Cómo se comprobará el nivel de renta?

A los solicitantes se les hará un test de patrimonio neto, ingresos menos deudas, y se descontará el valor de la vivienda habitual. El límite de patrimonio aumenta en función del número de personas del hogar y parte de 16.000 euros para una persona que viva sola, hasta los 43.000 euros en el caso de una familia de cuatro personas. Por lo que el patrimonio neto no debe exceder en tres veces la renta anual percibida.

¿Cuándo y dónde se va a poder solicitar?

Las solicitudes de acceso a la prestación económica podrán presentarse a partir del día 15 de junio de 2020. Si la solicitud se presenta dentro de los tres meses siguientes, los efectos económicos se retrotraerán al día 1 de junio de 2020 siempre que, en esta fecha, se acrediten todos los requisitos para su acceso. En caso de no cumplir los requisitos en la referida fecha los efectos económicos se fijarán el día primero del mes siguiente a aquel en que se cumplan los requisitos.

¿Cómo solicitarlo ante la Seguridad Social?

Hay dos opciones para solicitarlo –a partir del 15 de junio- de manera telemática ante el cierre de oficinas por el estado de alarma:

  • Si dispone de certificado electrónico o cl@ve se podrá solicitar a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social adjuntando también la documentación necesaria y rellenando los datos del formulario. Esta opción es la más recomendable por lo que se ha habilitado la posibilidad de utilizar este servicio a través de otra persona que disponga de certificado electrónico o cl@ve y que actuará en calidad de representante.
  • Si no dispone de certificado digital o cl@ve podrá utilizar el servicio habilitado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en la Sede Electrónica para su solicitud sin certificado. Se abrirá un formulario donde se rellenarán los datos del solicitante y de los posibles beneficiarios que formen parte de la unidad de convivencia, sus documentos identificativos y la documentación necesaria para resolver la solicitud.

¿Qué documentación se debe presentar?

  • El DNI del solicitante y de las personas que forman parte de la unidad de convivencia en el caso de ciudadanos españoles o el documento de identidad o pasaporte en el caso de ciudadanos extranjeros.
  • La residencia legal en España se acreditará mediante la inscripción en el registro central de extranjeros o autorización de residencia.
  • Certificado de empadronamiento donde consten todas las personas empadronadas en el domicilio.
  • Libro de familia o certificado del Registro Civil correspondiente y que acredite la filiación de las personas que forman parte de la unidad de convivencia.
  • En su solicitud, cada interesado autorizará expresamente a la administración que tramita su solicitud para que recabe sus datos tributarios y de la Dirección General del Catastro Inmobiliario para la verificación del cumplimiento de los requisitos de ingresos y patrimonio para el acceso y mantenimiento de la prestación.

En la página principal del Ministerio de inclusión, seguridad social y migraciones, podrá encontrar información adicional sobre el Ingreso Mínimo Vital:

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/48581/42b9f3e8-8eea-4106-864e-2b5bdad27269

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Medidas procesales y organizativas Administración Justicia

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COVID-19: Se publica el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

MEDIDAS DE CARÁCTER PROCESAL

Habilitación de días a efectos procesales (art. 1)

Se declaran hábiles para todas las actuaciones judiciales los días 11 a 31 del mes de agosto de 2020.

Cómputo de plazos procesales (art. 2)

Los términos y plazos procesales que hubieran quedado suspendidos por la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, volverán a computarse desde su inicio. El primer día del cómputo será el siguiente hábil a aquel en el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente.

Ampliación del plazo para recurrir (art. 2)

Los plazos para el anuncio, preparación, formalización e interposición de recursos contra sentencias y demás resoluciones que, conforme a las leyes procesales, pongan fin al procedimiento y que sean notificadas durante la suspensión de plazos establecida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como las que sean notificadas dentro de los veinte días hábiles siguientes al levantamiento de la suspensión de los plazos procesales suspendidos, quedarán ampliados por un plazo igual al previsto para el anuncio, preparación, formalización o interposición del recurso en su correspondiente ley reguladora.

Procedimiento especial y sumario en materia de familia (Art. 3)

Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, se decidirán a través del procedimiento especial y sumario demandas relativas a guardas, custodias, revisión sobre medidas definitivas sobre cargas del matrimonio, pensiones económicas entre cónyuges y alimentos.

Tramitación de la impugnación ERTEs (art. 6)

Se tramitarán conforme a la modalidad procesal de conflicto colectivo, las demandas presentadas por los sujetos legitimados cuando versen sobre las suspensiones y reducciones de jornada adoptadas en aplicación de lo previsto en el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y dichas medidas afecten a más de cinco trabajadores.

Tramitación preferente de determinados procedimientos (art. 7)

Durante el periodo que transcurra desde el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales declarada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y hasta el 31 de diciembre de 2020, se tramitarán con preferencia los siguientes expedientes y procedimientos:

En el orden civil:

  • Los procesos o expedientes de jurisdicción voluntaria en los que se adopten las medidas a que se refiere el artículo 158 del Código Civil, así como el procedimiento especial y sumario previsto en los artículos 3 a 5 del presente real decreto-ley.
  • Los procesos derivados de la falta de reconocimiento por la entidad acreedora de la moratoria legal en las hipotecas de vivienda habitual y de inmuebles afectos a la actividad económica, los procesos derivados de cualesquiera reclamaciones que pudieran plantear los arrendatarios por falta de aplicación de la moratoria prevista legalmente o de la prórroga obligatoria del contrato, así como los procedimientos concursales de deudores que sean personas naturales y que no tengan la condición de empresarios.

En el orden Contencioso Administrativo:

Los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones de las Administraciones Públicas por los que se deniegue la aplicación de ayudas y medidas previstas legalmente para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria producida por el COVID-19.

En el orden social:

Los procesos por despido o extinción de contrato, los derivados del procedimiento para declarar el deber y forma de recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido previsto en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19; los procedimientos por aplicación del plan MECUIDA del artículo 6 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo; los procedimientos para la impugnación individual, colectiva o de oficio de los expedientes de regulación temporal de empleo por las causas reguladas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo; y los que se sustancien para hacer efectiva la modalidad de trabajo a distancia o la adecuación de las condiciones de trabajo previstas en el artículo 5 del mismo.

MEDIDAS CONCURSALES

Modificación del convenio concursal: (art. 8)

Durante el año siguiente a contar desde la declaración del estado de alarma, el concursado, podrá presentar propuesta de modificación del convenio que se encuentre en periodo de cumplimiento. A la solicitud deberá acompañar una relación de los créditos concursales que estuvieran pendientes de pago y de aquellos que, habiendo sido contraídos durante el periodo de cumplimiento del convenio no hubieran sido satisfechos, un plan de viabilidad y un plan de pagos.

Incumplimiento del convenio y diferimiento del deber de solicitar la liquidación: (art, 9)

Durante el plazo de un año a contar desde la declaración del estado de alarma, el deudor no tendrá el deber de solicitar la liquidación de la masa activa cuando conozca la imposibilidad de cumplir con los pagos comprometidos o las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio concursal, siempre que el deudor presente una propuesta de modificación del convenio y esta se admita a trámite dentro de dicho plazo.

Durante el plazo previsto en el apartado anterior, el juez no dictará auto abriendo la fase de liquidación aunque el acreedor acredite la existencia de alguno de los hechos que pueden fundamentar la declaración de concurso.

Acuerdos de refinanciación: (art. 10)

Durante el plazo de un año a contar desde la declaración del estado de alarma, el deudor que tuviere homologado un acuerdo de refinanciación podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de concurso que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar el acuerdo que tuviera en vigor o para alcanzar otro nuevo, aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación.

Durante los seis meses siguientes a la declaración del estado de alarma, el juez dará traslado al deudor de cuantas solicitudes de declaración de incumplimiento del acuerdo de refinanciación se presenten por los acreedores, pero no las admitirá a trámite hasta que transcurra un mes a contar desde la finalización de dicho plazo de seis meses.

Ampliación de la suspensión del deber de solicitar el concurso hasta final de año: (art. 11)

  • Hasta el 31 de diciembre de 2020 el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso.
  • Hasta el 31 de diciembre de 2020, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde la declaración del estado de alarma.
  • Si antes del 31 de diciembre de 2020 el deudor hubiera presentando solicitud de concurso voluntario, se admitirá ésta a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario.
  • Si antes del 30 de septiembre de 2020 el deudor hubiera comunicado la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, se estará al régimen general establecido por la ley.

No subordinación de la financiación concedida por personas especialmente relacionadas: (art. 12)

La financiación que una persona especialmente relacionada conceda al deudor tras la declaración del estado de alarma dará lugar a un crédito ordinario en el concurso que se declare dentro de los dos años siguientes al comienzo de aquel estado. Durante este tiempo, la misma calificación obtendrá el crédito en que se subrogue una persona especialmente relacionada como consecuencia de haber satisfecho un crédito ordinario o privilegiado.

Rápida tramitación de los incidentes de impugnación: (art. 13)

En las impugnaciones del inventario y de la lista de acreedores solamente se admitirá prueba documental y pericial –que deberá acompañarse a la demanda o a la contestación– y por regla general no será necesaria la celebración de vista. Se tendrá por allanado al demandado que no conteste a la demanda, excepto al acreedor público.

Tramitación preferente de diversos procedimientos: (art. 14)

Hasta que transcurra 1 año a contar desde la declaración del estado de alarma tendrán tramitación preferente:

  • incidentes concursales en materia laboral;
  • actuaciones orientadas a ventas de unidades productivas;
  • propuestas de convenio, reconvenio e incidentes de oposición a la aprobación del convenio;
  • acciones de reintegración de la masa activa;
  • solicitudes de homologación de acuerdos de refinanciación o renegociación de los homologados;
  • adopción de medidas cautelares.

Enajenación de la masa activa: (art. 15)

En los concursos de acreedores que se declaren dentro del año siguiente a la declaración del estado de alarma y en los que se encuentren en tramitación a dicha fecha, la subasta de bienes y derechos de la masa activa deberá ser extrajudicial, incluso aunque el plan de liquidación estableciera otra cosa

Agilización de la aprobación de planes de liquidación: (art. 16)

Los juzgados aprobarán con inmediatez los planes de liquidación ya presentados y requerirán la urgente presentación de dichos planes en los concursos que estén en fase de liquidación para proceder a su aprobación.

Agilización de la tramitación del acuerdo extrajudicial de pagos: (art. 17)  

Durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma se considerará que el acuerdo extrajudicial de pagos se ha intentado por el deudor sin éxito, si se acreditara que se han producido dos faltas de aceptación del mediador concursal para ser designado, a los efectos de iniciar concurso consecutivo, comunicándolo al Juzgado.

MEDIDAS ORGANIZATIVAS

Se adoptan las siguientes medidas, entro otras:

  • Celebración de actos procesales mediante presencia telemática (art. 19)
  • Órganos judiciales asociados al COVID-19 (art. 24)
  • Jornada laboral (art. 27)

Durante el estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, se establecerán, para los Letrados de la Administración de Justicia y para el resto de personal al servicio de la Administración de Justicia, jornadas de trabajo de mañana y tarde para todos los servicios y órganos jurisdiccionales.

  • Exploraciones médico-forenses (Art. 21)

Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, los informes médico-forenses podrán realizarse basándose únicamente en la documentación médica existente a su disposición, siempre que ello fuere posible

  • Dispensa de la utilización de togas (art. 22)
  • Ampliación de plazos en el ámbito del Registro Civil (DA 1ª)

En los expedientes de autorización para contraer matrimonio en los que hubiera recaído resolución estimatoria se concederá automáticamente un plazo de un año para la celebración del matrimonio, a computar desde la finalización del estado de alarma.

Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización se ampliará a cinco días naturales el plazo de 72 horas para que la dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios comuniquen a la Oficina del Registro Civil los nacimientos que hayan tenido lugar en el centro sanitario.

MEDIDAS SOCIETARIAS

Suspensión de la causa de disolución por pérdidas (art. 18)

  • A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1 e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, no se tomarán en consideración las pérdidas del presente ejercicio 2020.
  • Si en el resultado del ejercicio 2021 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 de la citada Ley, la celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente.

MEDIDAS ARRENDAMIENTO VIVIENDA

Modificación de las medidas relacionadas con la moratoria de rentas de alquiler de vivienda habitual (del RD Ley 11/2020) (DF 4ª) EN LAS LÍNEAS SIGUIENTES ESTÁ EL COMPARATIVO

  • El arrendatario vulnerable podrá solicitar al arrendador gran tenedor (persona física o jurídica con más de 10 inmuebles o superficie construida de más de 1.500m2) en el plazo de 3 meses desde el 1 de abril (con la redacción original del RD Ley 11/2020 el plazo era de 1 mes).
  • El arrendatario vulnerable podrá solicitar al arrendador en el plazo de 3 meses desde el 1 de abril (con la redacción original del RD Ley 11/2020 el plazo era de 1 mes) el aplazamiento temporal y extraordinario de la renta.

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Nueva prestación personas afectadas COVID-19

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Prestación de urgencia para suministros básicos para personas afectadas por la situación de crisis ocasionada por la COVID-19

Ante la situación de vulnerabilidad económica en que se encuentran muchas familias a raíz de la crisis sanitaria derivada de la COVID 19, el Gobierno de la Generalitat ha previsto una dotación presupuestaria de 20 millones de euros para gastos de primera necesidad y con el fin de paliar esta situación.

La prestación consistirá en una ayuda extraordinaria para la sostenibilidad económica de las familias en Cataluña por un importe de doscientos euros, en un pago único, con el objetivo de facilitar la adquisición de productos de alimentación, farmacia y otros suministros básicos.

La prestación se dirige a personas trabajadoras (personas físicas) que tengan cargas familiares y se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:

  • Trabajadoras por cuenta ajena afectadas por un expediente de regulación temporal de ocupación a la fuerza mayor, de acuerdo con los supuestos previstos en el artículo 22 del Real decreto ley 8/2020.
  • Trabajadoras por cuenta ajena afectadas por un expediente de regulación temporal de ocupación por causas económicas, técnicas y de producción, de acuerdo con los supuestos previstos en el artículo 23 del Real decreto ley 8/2020.
  • Trabajadoras por cuenta ajena, fijas discontinuas, afectadas por un expediente de regulación temporal de ocupación de acuerdo con el punto 6 del artículo 25 del Real decreto ley 8/2020.
  • Trabajadoras por cuenta ajena afectadas por la extinción del contrato de trabajo.
  • Trabajadoras por cuenta propia con suspensión o reducción de la actividad económica.

¿Cómo y cuándo solicitar la ayuda?

El plazo para presentar las solicitudes empieza el jueves 30 de abril y estará abierto hasta que se agote la dotación presupuestaria destinada a la prestación.

Cada unidad familiar tiene derecho a una sola prestación extraordinaria por suministros básicos. Esta ayuda será compatible con la percepción de cualquier otra ayuda o prestación concedido por otras administraciones, entes públicos o privados.

La persona interesada tendrá que presentar la solicitud por internet y se resolverá en el plazo de 7 días hábiles. Una vez otorgada la ayuda, el pago se hará, mediante transferencia bancaria, en un máximo de 7 días hábiles.

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